
El gigante japonés Sony vuelve a situarse en el centro de la polémica. A las críticas recientes por su estrategia de futuro sin formato físico, ahora se suma una demanda millonaria que podría marcar un antes y un después en el mercado digital de videojuegos.
La fundación neerlandesa Stichting Massaschade & Consument (SMC) ha presentado una reclamación de 400 millones de euros contra la compañía, acusándola de aplicar precios excesivos en la PlayStation Store y de mantener una posición dominante que perjudica a los consumidores.
El llamado “impuesto de Sony” y la polémica del 30%
Según la SMC, uno de los principales problemas radica en la comisión del 30% que Sony aplica a cada venta digital en su tienda. Este porcentaje, habitual en plataformas digitales, es calificado por la organización como un sobrecoste injustificado que termina repercutiendo directamente en el precio final que pagan los jugadores.
La asociación sostiene que esta práctica ha provocado que los videojuegos en la PlayStation Store sean significativamente más caros que sus equivalentes físicos o en otras plataformas, limitando la competencia y reduciendo las opciones del consumidor.
Además, el caso no es aislado: grandes compañías tecnológicas han sido cuestionadas en los últimos años por políticas similares, lo que sitúa a Sony dentro de un debate global sobre las comisiones digitales y los mercados cerrados.
El fin del formato físico podría agravar la situación
Uno de los puntos más controvertidos es la estrategia de futuro de Sony. La compañía ya ha dejado entrever una transición progresiva hacia un modelo totalmente digital, con el horizonte puesto en 2028 como posible punto de inflexión para el abandono del formato físico.
Para la SMC, esta decisión eliminaría la última vía que tienen los usuarios para acceder a precios más competitivos, como ofertas en tiendas, mercado de segunda mano o promociones externas. Sin discos, la PlayStation Store se convertiría en el principal —o incluso único— canal de compra en consolas PlayStation.
Este escenario, según los demandantes, consolidaría un monopolio de facto en la distribución digital dentro del ecosistema de Sony.
Presión internacional: México también estudia medidas
La presión sobre Sony no se limita a Europa. En México, varios diputados han anunciado la preparación de una denuncia antimonopolio por motivos similares. El foco vuelve a estar en el control que ejerce la compañía sobre la distribución digital y la posible falta de alternativas para los consumidores.
Este movimiento refleja una creciente preocupación global por el dominio de las plataformas digitales cerradas, especialmente en sectores como el videojuego.
¿Puede intervenir la Unión Europea?
Por el momento, la Unión Europea ha señalado que no puede obligar a Sony —ni a otras compañías— a mantener el formato físico en sus lanzamientos. Sin embargo, esto no impide que se investiguen posibles prácticas abusivas en materia de competencia.
De hecho, en los últimos años la UE ha intensificado su vigilancia sobre las grandes tecnológicas, por lo que no se descarta que este caso pueda escalar si se detectan irregularidades en el mercado.
Un futuro incierto para el mercado digital de PlayStation
La demanda de 400 millones de euros podría ser solo el principio. Si prospera, abriría la puerta a nuevas acciones legales en otros países y sentaría un precedente importante en la industria.
Mientras tanto, los jugadores observan con atención cómo evoluciona una situación que podría afectar directamente al precio de los videojuegos y al modelo de negocio de las consolas en los próximos años.






